El informe, realizado por la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, alerta del aumento de los costes y que reduciría cerca de un 14% la flota de transporte por carretera.
Las fundaciones Quijote para el Transporte, Guitrans Fundazioa, Pepe Iglesias y Ricardo Díaz presentaron el pasado viernes un nuevo estudio técnico sobre las repercusiones del aumento de la Masa Máxima Autorizada (MMA) en los vehículos pesados a 44 toneladas. El informe, elaborado por las profesoras Sara Cabezudo y Miriam Peñalba, de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco, incide en la línea del presentado también durante este año por el Think Tank Movilidad de la Fundación Corell, poniendo el acento en que “debilitarán la situación económica del sector”.
El nuevo análisis revela que el incremento del peso máximo de los camiones en 4 toneladas “significaría que se podrían necesitar un 13,7 por ciento menos de viajes y de flota”. Esta disminución toma como referencia la última encuesta anual del Ministerio de Transportes sobre la actividad del sector, y suponiendo que se mantuviera dicho nivel de demanda actual.
El documento considera que “las empresas con más de siete camiones son las que podrían adaptarse a la nueva situación disminuyendo su flota. Por el contrario, los transportistas con menos de siete vehículos optarían por mantenerlos, con el consiguiente aumento de costes por tonelada transportada”.
El estudio contempla diferentes escenarios en los que el coste de transportar una tonelada un kilómetro “se reducirá entre un 5 y un 11,6 por ciento. Todo ello, en un contexto en el que no se varían los precios en el mercado por tonelada o pallet transportado, ni se repercuten otros costes, como tarifas de las autopistas, etc”. Sin embargo, las previsiones contemplan un descenso de los precios que “podría provocar un reparto desequilibrado de beneficios entre cargadores y transportistas”.
Por ello, para no generar una pérdida de empresas de transporte, el informe señala que un eventual cambio de normativa para aumentar la capacidad de carga de los vehículos “debería hacerse en un momento con expectativas de crecimiento económico estable”.
La implantación de las 44 toneladas, demandada desde hace años por los cargadores, ha recobrado de nuevo un gran protagonismo al incluirse como una de las medidas planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar la reactivación económica tras la crisis generada por la pandemia del Covid-19. El aumento de la MMA, enmarcado dentro del Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de Automoción, contempla su entrada en vigor a partir de mayo de 2021.
Julio Villaescusa, presidente de la Fundación Quijote para el Transporte, y de Fenadismer, destacó en el acto de presentación del informe que “los pocos países que lo han implantado en Europa, en concreto solo una tercera parte, lo hicieron en un momento de expansión de la actividad económica”. A su juicio, “en las actuales circunstancias económicas ni siquiera es planteable iniciar el debate sobre la conveniencia o no de introducir las 44 toneladas en la flota de camiones española. Con unas previsiones de caída del PIB de entre un 9 y un 16 por ciento, el exceso de capacidad de carga actual podría alcanzar hasta un 30 por ciento”.
Además, Villaescusa recordó que en España ya hubo una experiencia en la aplicación de las 44 toneladas, con un proyecto piloto que estuvo vigente en Cataluña durante casi dos años. El presidente de Fenadismer explicó que, “obtuvo un resultado muy negativo desde el punto de vista económico, ya que los únicos beneficiados fueron las empresas cargadoras, sin que los transportistas obtuvieran ninguna mejora por el hipotético beneficio”.
Por otra parte, el estudio sostiene que el aumento de la MMA en los actuales vehículos articulados incrementa el deterioro del firme entre un 42 y un 59 por ciento más. Este desgaste exige un mayor coste de conservación de las infraestructuras, que habrá que determinar quien lo asume.
El informe revela que aunque las 44 toneladas consiguen una disminución global de las emisiones en torno al 3,7 por ciento, podrían desincentivar la renovación de la flota hacia vehículos propulsados con combustibles alternativos, así como al desarrollo del transporte intermodal. Además, señala que el aumento capacidad de carga tampoco ha contribuido a hacer más segura la circulación por carretera, según revelan las estadísticas de fallecidos en los países en los que se ha implantado.
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