El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha sido protagonista de un nuevo capítulo de eso que vulgarmente se conoce como la chapuza nacional. La pública no tuvo reparo en adjudicar a finales de marzo pasado los servicios de manipulación de grúas y unidades de transporte intermodal (UTIs) a una empresa, Joirsa Obras y Servicios, que tan solo unos días antes había modificado su objeto social para adecuarlo a esta nueva actividad.
Para más inri, esta empresa comparte propietarios con la extinta IMU Servicios Integrales, anterior adjudicataria de este mismo servicio, que ha acabado en liquidación. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es de díficil asimilación que una empresa pública acceda a realizar una adjudicación de este tipo puesto que el riesgo que se corría era más que evidente. Escasos nueve meses ha tardado en confirmarse el temor, con Joirsa en concurso de acreedores y la principal terminal de contenedores del país paralizada ante la falta de pago a los trabajadores de la subcontrata.
Aunque fuese la única oferta que se presentó, ¿no hubiera sido más lógico dejar desierto el concurso? Todo apunta a que sí. Lo malo es que las consecuencias no las ha pagado sólo Adif, sino también su clientes y por extensión el conjunto de operadores y cargadores que utilizan sus servicios. Renfe intentó paliar el problema recurriendo a los puertos secos de Coslada y Azuqueca, pero éstos se vieron rápidamente sobrepasados y sus terminales acabaron por colapsarse. Al final, la carretera tuvo que echar un capote. En definitiva, otra piedra más en el camino del ferrocarril de mercancías.
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