El Ejecutivo acaba de aprobar un anteproyecto de ley para reducir la jornada de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales
Competitividad es un desafío para la UE, lo es de manera especial para España, que ocupa el puesto 40 sobre un total de 67 economías en el ‘Ranking de Competitividad Mundial’ (2024) del International Institute for Management Development, que sitúa en el podio a Singapur, Suiza y Dinamarca. En este contexto, nuestro Ejecutivo acaba de aprobar un anteproyecto de ley para reducir la jornada de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos; eso sí, sin el apoyo de la patronal. El texto legal definitivo tomará forma tras los informes del Consejo de Estado y del CES, antes de que el Gobierno lo lleve al Congreso para su tramitación parlamentaria, donde en principio se encontrará con el rechazo de Junts, que ya anunciado que sólo dará su beneplácito si es la Seguridad Social, y no los empresarios, quien asuma el coste de esta medida.
Ya son varios los informes -BBVA Research y Fedea, por citar algunos- que demuestran que esta medida afectará negativamente a nuestra productividad y competitividad. Además, no se puede aplicar de forma uniforme en el conjunto de nuestro tejido empresarial por la enorme diversidad de sectores económicos, tipos de empresas y necesidades de nuestros trabajadores. Un ejemplo es el transporte por carretera, un sector con una regulación especial de la jornada de los “empleados móviles” (conductores profesionales) debido a las singulares características de estos puestos de trabajo.
Además, el hecho de que esta medida afecte al transporte por carretera español, y no al resto de países, nos sitúa en clara desventaja frente a nuestros competidores. Como las 37,5 horas semanales se aplicará sólo a los conductores que trabajan para empresas españolas se incentivará la contratación de compañías de otros países, que aplicarán las 45 horas de conducción y las 48 de trabajo; perdiendo competitividad y fomentando la deslocalización de empresas españolas a países cuyos conductores puedan conducir más.
Una reducción de la jornada laboral implicaría, además, un aumento en los costes salariales o en el precio de los servicios, lo que podría trasladarse a los consumidores. En un contexto inflacionario, donde el combustible y el mantenimiento de los vehículos siguen en ascenso, esto podría impactar aún más en el bolsillo de los ciudadanos. Si cada conductor deja de conducir cerca de 8.000 kilómetros al año, en una compañía de 120 empleados se dejarían de realizar cerca de un millón de kilómetros anuales. Y estamos hablando de un sector donde operan más de 100.000 empresas. Otro aspecto a considerar es la normativa europea sobre tiempos de conducción y descanso. Actualmente, los conductores ya están sometidos a estrictas regulaciones que limitan sus horas de conducción y establecen períodos obligatorios de descanso. Implementar una jornada de 37,5 horas semanales requeriría una adaptación de estas normativas, lo que podría generar fricciones con la legislación vigente. Sin hablar de que la reducción de horas sin un aumento proporcional de la plantilla podría traducirse en una menor capacidad operativa para las empresas. Con la escasez de conductores ya existente, reducir la jornada sin un plan claro para incorporar nuevos profesionales podría derivar en mayores retrasos y dificultades logísticas.
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Ramón Valdivia
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