La exclusión de gran parte de los autónomos de la declaración por módulos en el IRPF, medida incluida por Hacienda en la futura Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, ha dejado un sabor agridulce en el transporte de mercancías por carretera. Prueba de ello es que las grandes patronales del sector aún no han respaldado públicamente el anuncio hecho por Montoro, pese a que hasta ahora habían defendido abiertamente la necesidad de equiparar la fiscalidad entre los autónomos y las empresas para operar en igualdad de condiciones. Sobre el papel, la medida podría suponer la sempiterna pendiente reconversión sectorial. Se supone que los autónomos no podrán aguantar el incremento de la presión fiscal, por lo que estarían obligados a concentrarse para mitigar el incremento de sus costes.
Decimos ‘se supone’ porque la historia más reciente muestra que el sector, léase autónomos y empresas, no tiene cultura de concentración, apostando más por un modelo de negocio basado en la colaboración entre unos y otros vía subcontratación. Y es aquí donde está la madre del cordero y donde se enmarca el silencio que sobre este asunto mantienen las grandes patronales del sector. Porque si bien es cierto que la decisión de Montoro afecta a los autónomos, también es verdad que las empresas se verán igualmente damnificadas. Con la crisis, obligadas a reducir sus costes para hacer frente a un mercado interno constreñido, las empresas han apostado por la contratación de autónomos para sustituir sus flotas propias. Es decir, se han puesto aún más en manos de los autónomos, aprovechando la mayor competitividad de que disfrutan estos últimos a través de una presión fiscal menor, que la empresas siempre han rechazado. Así las cosas, está claro que la medida, además de tener un claro afán recaudador, llega en el peor momento para el sector y para la economía del país, que tendrá que soportar un incremento en los precios del transporte.
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