Las negociaciones y el acuerdo se han llevado a cabo en un formato exclusivamente bilateral
El transporte por carretera español ha estado estas semanas en el ojo del huracán por la convocatoria de huelga de CC.OO. y UGT, llamamiento que me atrevo a calificar de absurdo, y que, antes de “estrenarse”, ha sido desconvocada parcialmente -en el momento de escribir estas líneas, se mantiene sólo la huelga en el sector de pasajeros-.
El acuerdo se ha materializado entre ambos sindicatos y una de las patronales presentes en la negociación. Un pacto que, ojalá me equivoque, puede acarrear para nuestro sector gravísimas consecuencias.
Creo que avanzar en mejoras para nuestros trabajadores es imprescindible y así lo demostramos a través de acciones concretas, como, por ejemplo, la implementación en España de “El conductor al frente”, acuerdo internacional impulsado por la IRU, los cargadores y los sindicatos europeos -curiosamente, los de nuestro país continúan sin querer sumarse-. Vaya por delante, por tanto, que siempre he apoyado la idea de mejorar las condiciones laborales de nuestros conductores, incluyendo la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada.
Pero también siempre he considerado que las decisiones, especialmente las teñidas de “buena intención”, deben adoptarse analizando todas las variables posibles, de forma que los riesgos que puedan acecharnos estén “controlados”.
La música es buena: facilitar la jubilación anticipada de los conductores profesionales. El problema radica en los detalles de la letra; porque instar formalmente a la Administración a que inicie los procesos para que dicho beneficio laboral sea efectivo sin tener ninguna estimación -consensuada con los responsables ministeriales afectados- acerca de cuánto puede llegar a ascender el coste en cargas sociales para empresas y trabajadores, ni contar con una aproximación de a cuántos profesionales puede llegar a alcanzar dicho beneficio, resulta, a mi parecer, confiar demasiado en la buena fortuna.
Y es que las negociaciones y el acuerdo se han llevado a cabo en un formato exclusivamente bilateral, sin la presencia de representantes de la Seguridad Social, Trabajo y Transportes, carteras claves para evaluar los efectos del cambio propuesto y, no menos importante, para diseñar las medidas compensatorias que pudieran ser necesarias, por ejemplo, de cara a la cobertura de las vacantes que se producirían.
Además, calificar, como se hace en el acuerdo para la desconvocatoria, la labor de los conductores como “penosa y peligrosa” es simplista y contraproducente. No podemos dar por sentado un diagnóstico generalizado que podría tener repercusiones negativas para nuestra imagen, en nuestros costes, en el campo de la negociación colectiva o en la litigiosidad laboral.
Nos podemos estar jugando la viabilidad de nuestras empresas en un terreno donde los riesgos descontrolados son, dicho llanamente, inasumibles. Adoptar acuerdos sin un análisis completo y sin la participación de los actores relevantes, como es, en este caso, el propio Gobierno, equivale a abrir la puerta a una potencial dinámica conflictiva y, por tanto, muy gravosa si, llegado el caso, las consecuencias derivadas de las decisiones de hoy se tornasen en inasumibles para nuestras empresas o para sus trabajadores.
La desconvocatoria de huelga no debería implicar un riesgo tan elevado para la viabilidad de las empresas del sector por un impacto económico y social que resulte complejo de gestionar a largo plazo.
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Ramón Valdivia
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