El Gobierno español acatará la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Abrirá una ronda de consultas. Su objetivo, un anhelo histórico, es abordar la liberalización de las condiciones de contratación de los estibadores.
Será, si definitivamente se produce, una tercera transición para el negocio de estiba en España. La primera fue pasar de la herencia franquista de las antiguas Organizaciones de Trabajadores Portuarios a las sociedades estatales de estiba, en una regulación de empleo que redujo los censos. La segunda fue la privatización de estas sociedades iniciada con la Ley de 2003 y consolidada con la piu modernité de 2010, pactada entre PP y PSOE.
Faltaba atacar lo básico: la exclusividad en la contratación. Y tuvo que venir Bruselas, y un fallo judicial impecable, para que España pueda atacar ahora la reforma del marco laboral. El Tribunal de Luxemburgo es el mejor soporte jurídico. Con la sentencia del 11-D empieza una tercera transición para el negocio.
El protagonismo deberá ser para las empresas estibadoras y los puertos deberán velar por el interés general en sus contratos de concesión. Las estibadoras deben poder decidir a quién, cómo, cuándo, de qué forma y durante cuánto tiempo tienen que contratar a un trabajador.
Deben abrirse todas las fórmulas que permite el mercado de trabajo, bien filiales o terceras empresas, siempre que los trabajadores estén cualificados. Sólo hay margen para la libertad de contratación.
Los sindicatos se equivocarán si creen que pierden opciones de negociación, porque tendrán la exclusividad de la misma. La estiba debe ser más competitiva. La reforma del modelo laboral es urgente.
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