La Fundación Francisco Corell acaba de presentar un estudio sobre el régimen jurídico-laboral del transporte por carretera en los 28 países de la Unión Europea, el primero que se realiza con ese nivel de detalle, que pone negro sobre blanco en torno a la precarización en el sector.
El informe revela fuertes distorsiones en los regímenes laborales de los distintos Estados miembros y distintas reglas de juego, o lo que es lo mismo, la falta de unidad de mercado en Europa, lo que deja una puerta abierta al dumping social, ‘patata caliente’ de la Comisión Juncker.
Como ya se ha denunciado en numerosos foros sectoriales, es muy fácil explotar los vacíos existentes en el sistema para competir en desigualdad de condiciones. Grandes empresas de transporte por carretera aprovechan las fuertes diferencias salariales entre los países de la UE para utilizar conductores de filiales ad hoc abiertas en dichos emplazamientos con unas condiciones de trabajo más ventajosas, que en la práctica desarrollan su actividad principalemnte fuera del lugar elegido para su desembarco.
Y España, en materia de legislación laboral, no puede mirar para otro lado. La existencia de más de 50 convenios provinciales, con claras diferencias, es un auténtico disparate. La ventaja competitiva de una empresa tiene que estar en la gestión y no en la ubicación.
Es un buen momento, sin duda, para dar los primeros pasos hacia la negociación de un convenio nacional de transporte. El propio delegado general de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), Michael Nielsen, insistió en la necesidad de “aclarar las reglas, armonizar y hacer la profesión más atractiva”.
En román paladino, urge una política común. Y no sólo en asuntos sociales, sino también fiscales, por no hablar de las diferentes interpretaciones de una misma normativa. La cuestión no es baladí. El transporte por carretera es un buen termómetro de la economía, por lo que parece claro y evidente que Europa se la juega.
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