La Autoridad Portuaria reclamará por la vía civil a las constructoras, una UTE liderada por FCC, el pago de los 2,3 millones de tm de escollera que cobraron pero no utilizaron.
El puerto de Barcelona “no ha mirado hacia otro lado” en el presunto fraude en la construcción del dique Este, ha asegurado su responsable, Jordi Valls. La institución que preside no actuó hasta que recibió la alerta de la Agencia Tributaria porque “las certificaciones de obra eran correctas”. El presunto fraude oscila entre los 17,52 y los 31,32 millones de euros
El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Jordi Valls, ha asegurado que la institución que preside “no ha mirado hacia otro lado” ante el presunto fraude detectado en una de las obras de ampliación de la dársena, la prolongación del dique de abrigo Este. El puerto podría haber pagado un sobrecoste de entre 17,52 y 31,32 millones de euros por un material, 2,3 millones de toneladas de escollera, que no se llegó a emplear en la obra. La actuación de la Autoridad Portuaria en el caso, que investiga la Fiscalía, “ha sido clara y contundente”, añadió Valls, en referencia a lo que ya publicó este periódico en la pasada edición: la Agencia Tributaria detecta, cotejando liquidaciones de IVA, que la facturación por suministro de escollera que la UTE constructora del dique cobró al puerto no se corresponde con lo que la adjudicataria pagó a sus proveedores de este material.
Hacienda reclama al puerto información sobre la UTE, éste abre una investigación interna y, a raíz de lo que descubre, pide un dictamen a la Abogacía del Estado. Ambos informes, el de la Abogacía y el de la Autoridad Portuaria, han sido remitidos a la Fiscalía. Según la Abogacía, se podrían haber cometido los delitos de falsificación de documento público, fraude, malversación y estafa, en los que podrían estar presuntamente implicados un funcionario o responsable de la Autoridad Portuaria, la UTE adjudicataria de la obra, una subcontratada por ésta o alguna de las empresas de control de las obras.
El puerto adjudicó la prolongación del dique Este en 2001 a la UTE formada por FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Construcciones Rubau y Copisa, por 197,28 millones de euros. La construcción de la obra concluyó a finales de 2008. “Hemos tomado la decisión que debe ser como valedores de fondos públicos. Aquí hay una vía penal que tiene que desarrollar la Fiscalía”, añadió Valls, que evitó pronunciarse si la Autoridad Portuaria se personará como acusación particular de considerar el Ministerio público que finalmente hay delito. Lo que sí hará el puerto es emprender la vía civil para reclamar a la UTE lo que considera que ha pagado de sobrecoste, “de no ponernos de acuerdo con la UTE, lo que probablemente será muy difícil, iremos a los tribunales ordinarios a reclamar las cantidades que nosotros consideramos que hemos pagado indebidamente”.
Cifras “que están en proceso de estudio y que algunas van a depender de la investigación de la Fiscalía”. El puerto ni detectó ni investigó el presunto fraude hasta que recibió la alerta de la Agencia Tributaria porque “toda la información que tenemos de todas las certificaciones era correcta, porque estaban visadas por una asistencia técnica externa. No es solo una obra visada por la dirección de obras de la Autoridad Portuaria, también por una asistencia técnica”. El puerto “ha certificado todas y cada una de las obras porque eran cantidades que estaban, de alguna manera, autorizadas por la asistencia técnica”. La asistencia técnica se adjudicó a Sener, Intecasa e Intemac. Al investigar, el puerto midió la escollera que se había utilizado para hacer la ampliación del dique, había 2,3 millones de toneladas menos de las certificadas.
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