Las empresas de transporte especial tienen sobre la mesa el planteamiento de acudir a la vía del contencioso y las reclamaciones por lucro cesante contra los titulares de las vías.
Las constantes restricciones de circulación y cambios de itinerario en las carreteras españolas, como consecuencia de un amplio carrusel de obras, han puesto en jaque a las empresas del sector del transporte especial, que no descartan acudir a la Justicia para reclamar daños y perjuicios. El colectivo, en este sentido, considera que existe abundante jurisprudencia que les otorgaría la razón de abrirse litigios de estas características.
En un contexto de significativa caída de la actividad del transporte especial en segmentos como el industrial o las obras públicas en España, el sector eólico es el que más fuerte tira de la operativa y es este tipo de transporte, precisamente, el que más se está viendo afectado por esta problemática. Principalmente, en los trayectos de fábrica a puerto. Una realidad que chirría con la apuesta política por las energías renovables. Y es que entorpecer el desarrollo normal de esta actividad está provocando que no siempre se puedan cumplir los plazos previstos y se eleven los costes de las empresas de transporte.
Como única alternativa, las empresas de transporte especial tienen sobre la mesa el planteamiento de acudir a la vía del contencioso y las reclamaciones por lucro cesante contra los titulares de las vías. De hecho, el amplio abanico de titulares de vías en nuestro país, que van desde el Ministerio de Transportes hasta las Comunidades Autónomas, pasando por diputaciones y ayuntamientos, es otro de los condicionantes que impiden una correcta interlocución entre las distintas Administraciones y el sector.
Los transportistas son comprensivos con que se produzcan restricciones temporales de circulación y cambios de itinerario siempre que haya la correcta planificación y comunicación anticipada de las obras y se tenga en cuenta la importancia de los nudos estratégicos de la red. Sin embargo, estas decisiones temporales acaban llevando aparejada la amenaza de convertirse en permanentes, según los intereses de cualquier titular de vía, como denuncian fuentes del sector.
No parece complicado entender las dificultades que está generando la situación. Las administraciones competentes deberían recoger el guante de la patronal Astrae (Asociación de Empresas de Transporte Especial), que apuesta por el diálogo para buscar soluciones.
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