Nuevo capítulo anunciado del negocio de estiba en España. Bruselas denuncia el modelo español ante el Tribunal de Luxemburgo. Nada nuevo. Ni comisiones. Ni artificios. Ni informes de catedráticos iluminados han servido. España acaba en los tribunales. En el fondo será muy positivo. Servirá para modificar la Ley de Puertos de 2010 y acomodarla, de forma estricta, al Tratado de la Unión Europea.
Pero, ¿aún es posible que los Estados miembros legislen contra los intereses comunes? Pues sí. Cada mes Bruselas publica un paquete de procedimientos de infracción. Son decenas. Algo falla en el seno europeo, aunque es de alabar que las autoridades comunitarias quieran abrir el melón de la estiba en el que ha sido el estado más exitoso de la Unión en las dos últimas décadas en cuanto a crecimientos portuarios.
El milagro portuario español ha motivado que todo inversor interesado se pudiera implantar aquí. España tiene hoy a las principales multinacionales de la estiba en sus radas, pero la denuncia de Bruselas se basa en el viejo problema de la libertad de contratación en los muelles, algo sin solucionar primero bajo la protección pública de las sociedades estatales y hoy bajo la gestión privada de las Sageps.
A todas les ampara una legislación de privilegios que el propio Fomento califica de perversa. La libertad de contratación sigue en entredicho. Las empresas están debilitadas ante las fuerzas sindicales. Queda ver qué hará Fomento. Dice defender el modelo, pero a la vez quiere reformarlo. España tarda una media de 22 meses en acatar las sentencias tras los procedimientos de infracción. La estiba va a juicio. ¿Habrá paz social? Va para largo.
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