El relevo de Javier Puertas al frente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía hizo albergar esperanzas de que su sucesora en el cargo, Sagrario Franco, abordaría el polémico asunto del hundimiento de la nueva terminal de contenedores, inaugurada hace tan sólo tres años. Nada más lejos de la realidad. La nueva presidenta no ha querido coger esta ‘patata caliente’ y ha decidido pasar página. El argumento dado es bastante peregrino. Primero, recuerda la existencia de un informe ‘interno’, es decir, elaborado por técnicos con nómina de la ‘casa’, que exculpa a las constructoras Copasa, Drace y Dragados, adjudicatarias de las obras por un importe próximo a los 21 millones de euros.
Y luego afirma que “las causas del asentamiento de la terminal eran un proceso de consolidación del terreno previsto y controlado por la Autoridad Portuaria”. Ni más, ni menos… El asunto no es baladí, ya que el arreglo de este desaguisado, junto con alguna que otra mejora, costará la friolera de casi 5 millones, que, casi con toda seguridad, repercutirá en un aumento de las tasas y, por lo tanto, en una pérdida de competitividad.
Y éste, precisamente, es el principal temor de los operadores, que son los que se juegan los cuartos, cuyas quejas han caído en saco roto. Es cierto que las obras portuarias son complejas, pero no es de recibo que haya tantos incidentes en tan poco tiempo, porque el de Vilagarcía ni es el único escándalo, ni siquiera el más sonado. Y menos aún con la que está cayendo. Urge exigir responsabilidades y no sólo a las constructoras, sino también a los políticos.
© 2024, todos los derechos reservados.