La Fiscalía Anticorrupción eleva hasta el umbral de los 50 millones de euros la presunta malversación de fondos públicos en la ejecución de las obras de urbanización de la plataforma logística de Zaragoza (Plaza), por la que se ha imputado a exdirectivos de la sociedad pública y de una constructora. Las irregularidades más importantes que ha detectado hasta ahora Anticorrupción tienen que ver con la sobrefacturación de las obras ejecutadas por la UTE integrada por las compañías Acciona y Mariano López Navarro, en las que presuntamente se aumentaban de forma artificial los precios reales de las mismas y se simulaba además haber realizado más de las que constaban en los informes.
El Gobierno de Aragón, a través de la sociedad pública Plaza, sería el principal perjudicado por el pago de los mencionados sobrecostes y de las obras no realizadas. Además, según los documentos intervenidos existen indicios de que se habrían producido pagos en especie a directivos y a la dirección técnica de las obras también con cargo a la empresa pública Plaza.
La instrucción del caso se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Zaragoza, que sigue adelante con la misma. Por otro lado, la sociedad pública Plaza ha acordado personarse en las diligencias penales abiertas para investigar la presunta trama de corrupción. Paralelamente, ha ejecutado el despido disciplinario inmediato del hasta ahora director técnico, Miguel Ángel Pérez, imputado en la causa penal.
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