La concursada Ochoa se encuentra a la espera de que el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Zaragoza dé el visto bueno al segundo ERE de extinción, que afecta a 243 trabajadores. Antes de su homologación, el tribunal ha solicitado el preceptivo informe a la autoridad laboral. Este ERE, que se sumaría a un primero ya ejecutado a finales del pasado septiembre que resolvió los contratos de otros 200 trabajadores, fue firmado el 27 de noviembre por el comité de empresa, los administradores concursales y la paquetera.
Tras el nuevo plan de ajuste, Ochoa se quedará con una plantilla de 370 empleados. Los responsables de la empresa con sede en Zaragoza confirmaron que esta segunda restructuración implicará “el cierre de más centros de trabajo (el primer ERE afectó a ocho), aunque es pronto para determinar cuáles serán, porque hay tres meses para la resolución de los contratos tras su aprobación, y porque también depende de cómo evolucione la producción en este tiempo”.
Mucha de su actual plantilla corresponde a trabajadores que no están relacionados con la producción o comercialización de los servicios de la paquetera. A la espera del informe de los administradores concursales y de su propuesta, “todos los accionistas de Ochoa creemos en la viabilidad y en el futuro de la empresa, si bien es cierto que con otra dimensión y dedicándonos a un espectro de cliente diferente del que teníamos hasta ahora, porque el mercado ha cambiado con la crisis, por ejemplo, no demanda la entrega al día siguiente, ni antes de las siete de la mañana…”.
Tras haber superado la casi total paralización de su actividad por los conflictos laborales irregulares provocados en el momento de presentar concurso, hace ya más de cinco meses, Ochoa “ha recuperado el 70 por ciento de sus clientes y un tercio de la producción de 2011”. Ochoa, aunque con beneficios de explotación, una masa activa de 137,6 millones y recursos propios de 60,7 millones, se vio obligada a pedir la tutela judicial ante la imposibilidad de amortizar su deuda de 56,7 millones con los bancos (sobre un pasivo total de 76,9 millones), que condicionaron su refinanciación a que la empresa alcanzara un acuerdo con los sindicatos para que el Fogasa pagara las indemnizaciones del primer ERE, a lo que CC.OO y UGT se negaron en redondo.
© 2024, todos los derechos reservados.